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Caracas / Venezuela -
 


Documental: Masacre de El Amparo, 20 años de impunidad
Prensa Provea* / Soberania.org - 12/11/08


La Masacre del Amparo: Génesis y extensión de un crimen de Estado


Las Víctimas

Una mañana del 29 de octubre de 1988 un grupo de 16 personas, todos hombres y en su mayoría habitantes el pequeño poblado fronterizo El Amparo del estado Apure decidieron trasladarse a un lugar en las riberas del río Arauca para preparar un almuerzo a orillas del río. Alegres y entusiasmados por el encuentro navegaron durante más de una hora por el río en una pequeña embarcación. Cuando decidieron arrimarse a la horilla en el sitio previamente previsto fueron recibidos con ráfagas de ametralladoras y la explosión de granadas. Sorprendidos por el ataque algunos no tuvieron tiempo de reaccionar y murieron en el acto, otros resultaron gravemente heridos y finalmente fueron rematados con tiros de gracia y dos de ellos tuvieron la fortuna de sobrevivir al lanzarse al agua y no ser alcanzados por las innumerables balas que les dispararon. Catorce personas inocentes fueron asesinadas por balas disparadas por funcionarios policiales y militares. Sobrevivieron: Wollmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias.

El equipo de gobierno de la época encabezado por el Presidente Jaime Lusinchi y los ministros Italo del Valle Alliegro (Defensa) Simón Alberto Consalvi (Interior) y Carlos Croes (Jefe de la Oficina Central de Información) se encargó de organizar una intensa campaña publicitaria para presentar a las víctimas como “guerrilleros colombianos”. 
A pesar de que la casi totalidad de las víctimas eran venezolanos sin antecedentes judiciales, se les quiso presentar como colombianos con antecedentes por subversión o por delitos comunes. En esa farsa los acompañaron los jefes del Comando Específico José Antonio Páez  (CEJAP) entre ellos el General (ej) Humberto Camejo Arias, el Coronel (ej) Enrique José Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la Disip Henry López Sisco. Los jefes del CEJAP organizaron y dirigieron la masacre. Querían impactar la opinión pública nacional con una supuesta eficiencia en la lucha contra la subversión y la delincuencia en la frontera y así prepararon la masacre la cual fue antecedida por cuatro más, pero con menos víctimas fatales: Isla de Charo, Las Gaviotas, Totumitos y  El Vallado.

La valiente actitud de los dos sobrevivientes,  el importante papel jugado por algunos parlamentarios tales como Walter Márquez (MAS), Raúl Esté (PCV)  y Angel Zambrano (AD), una amplia información de algunos medios de prensa, televisión y radio y una intensa protesta popular en todo el país, principalmente del movimiento estudiantil, lograron contrarrestar la desinformación oficial. Incluso, el para entonces candidato presidencial por el partido de gobierno  Carlos Andrés Pérez declaró en sentido contrario a la versión oficial.

Ese aciago día fueron asesinadas las siguientes personas: José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco,  Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas,  Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado.

Algunos de los asesinados dejaron hijos de meses y viudas embarazadas y el Estado nunca se preocupó por su destino.
Varias  víctimas eran muy jóvenes empezando a organizar familia. Todos muy pobres, gente de pueblo sana y trabajadora a quines no solo asesinaron, sino que presentaron como delincuentes bien muertos. En nombre de la soberanía nacional y de la lucha contra la subversión el gobierno de Jaime Lusinchi enalteció a los asesinos como defensores de la patria, como valientes y arriesgados. A 20 años de la masacre los asesinos siguen libres y algunos de ellos han ocupado y ocupan en estos momentos altos cargos en la estructura del Estado venezolano. El presidente Chávez y otros funcionarios del Estado han condenado la masacre, la han usado como ejemplo de lo que no se debe hacer en una revolución, sin embargo, nada realizan frente a la impunidad reinante. Se desacata el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado investigar, establecer responsabilidades e imponer sanciones. Los familiares por su parte continúan reclamando castigo para los culpables.


Los autores materiales e intelectuales

En el caso de la masacre de El Amparo los autores materiales están plenamente identificados. A diferencia de otros  casos de violaciones a los derechos humanos, donde se debe investigar y determinar quienes son los responsables, en este caso se les conoce con nombre y apellido. Durante el proceso realizado en la jurisdicción militar quedó claramente determinado quienes dieron muerte a los 14 pescadores. Los funcionarios policiales  y militares que a continuación se mencionan son los responsables de haber disparado contra la humanidad de las inocentes víctimas el 29 de octubre de 1988. Todos ellos formaban parte del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), y actuaron en la operación militar que denominaron “Anguila III” planificada con alevosía para  aparentar un supuesto éxito en la lucha contra la subversión colombiana.

Capitán de Corbeta, Alí Coromoto González (fue la persona que directamente comandó la operación de masacre); Maestro Técnico de Primera (Ej), Ernesto Morales Gómez; Sargento Técnico de Primera (Ej), Omar Antonio Pérez Hudson; Sargento Mayor de Segunda (Ej), Salvador Ortiz Hernández; Comisario Jefe (DISIP), Andrés Alberto Román Romero; Comisario (DISIP), Maximiliano José Monsalve Planchart; Inspector Jefe (DISIP), Celso José Rincón Fuentes; Inspector Jefe (DISIP), Carlos Alberto Durán Tolosa; Inspector (DISIP), José Ramón Zerpa Poveda; Inspector (DISIP), Luis Alberto Villamizar; Sub Inspector (DISIP), Franklin Gómez Rodríguez; Sub Inspector (DISIP), Omar Gregorio Márquez; Detective (DISIP), Tony Richard Urbina Sojo; Sumariador Jefe III (PTJ) [Policía Técnica Judicial], Gerardo Rugeles Molina; Inspector Jefe (PTJ), Edgar Arturo Mendoza Guanaguey; Sub Comisario (PTJ), Florentino Javier López; Sub Inspector (PTJ), Alfredo José Montero; Agente Principal (PTJ), Daniel Virgilio Gómez; Funcionario Policial (PTJ), Rafael Rodríguez Salazar; y Huber Bayona Ríos (ciudadano colombiano, que prestaba servicios de inteligencia al CEJAP).


Algunos de quienes participaron en la operación presuntamente ya habían participado meses antes en otras masacres conocidas por la opinión pública como los “amparitos” pero que en realidad son las masacres de la Isla de Charo, Las Gaviotas, Totumitos y  El Vallado. Entre ellos Ernesto Morales Gómez, Celso José Rincón, Carlos Alberto Durán y  Andrés Alberto Román. Es decir, eran comandos del crimen dedicados a sembrar el  terror en las zonas fronterizas con Colombia, cuando por el contrario se les había dado la misión de brindar seguridad. Del 16 de enero hasta el 06 de octubre de 1988, la prensa registró seis “enfrentamientos” del Cejap con la “guerrilla colombiana”. Otros que no participaron en la masacre de El Amparo de manera directa presuntamente participaron en todas las anteriores masacres y algunos de ellos posiblemente tengan responsabilidad como autores intelectuales.

Algunas de estas personas a pesar de su prontuario de violaciones a los derechos humanos han ocupado cargos públicos importantes. Tales son los casos  entre otros de: el ex militar Omar Antonio Pérez Hudson quien fue nombrado en el año 2002 director nacional de investigaciones de la DISIP; Celso José Rincón Fuentes fue nombrado también en el año 2002 subdirector y jefe de seguridad de la cárcel de Yare. Henry López Sisco fue hasta hace menos de dos años  asesor de seguridad del gobernador Manuel Rosales. El para entonces Capitán de Navío Rodríguez Chacín fue inculpado por el caso de los “amparitos” y el 20 de junio de 1994 la Corte Marcial presidida por el General Ubaldo López Barrios le dictó auto de detención. Recientemente fue Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores. La impunidad no sólo les permite continuar libres, sino peor aún ocupar cargos en la estructura del Estado venezolano.

Algunos autores intelectuales de la masacre  están  identificados: el para entonces  General Humberto Antonio Camejo Arias y el para entonces  Coronel Enrique José Vivas Quintero comandantes del  Comando Específico José Antonio Páez. En la autoría intelectual debe investigarse igualmente la responsabilidad que pudieron haber tenido el  ex Comisario Jefe de la Disip Henry López Sisco y el ex ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores Rodríguez Chacín quienes aparecen en el expediente que cursó en la jurisdicción militar señalados de haber participado en la planificación de la masacre. Debe establecerse igualmente la responsabilidad del resto de integrantes del Comando Específico José Antonio Páez.


Pero más allá de la responsabilidad material e intelectual debe investigarse también a quienes presuntamente actuaron como encubridores y cómplices de la masacre. En este sentido, debería investigarse entre otros al ex presidente de la República Jaime Lusinchi y varios altos funcionarios de su equipo de gobierno entre ellos el General  Italo del Valle Alliegro quien para el momento de la masacre era el Ministro de la Defensa, Simón Alberto Consalvi quien era ministro del Interior; el para entonces Jefe de la Oficina Central de Información, periodista Carlos Croes, quien tuvo la responsabilidad de orquestar una gran campaña comunicacional para mostrar ante la sociedad venezolana que los muertos eran guerrilleros;  al Director de la Disip para la fecha; al  coronel (E) Ricardo Pérez Gutiérrez presidente del Consejo de Guerra de San Cristobal quien cometió cientos de irregularidades en el proceso  con la única finalidad de declarar no culpables a los responsables. Sus actuaciones manipulando las pruebas crearon las bases para que el proceso favoreciera abiertamente a los responsables de la masacre.



Todavía queda pendiente la deuda de hacer justicia. Un hecho tan grave de violación a los derechos humanos no puede quedar impune. No es posible, que quienes con premeditación y alevosía cometieron la masacre de El Amparo y otras masacres  gocen de plena libertad. No se comprende como personas que desde el gobierno y la oposición política tienen un discurso a favor de los derechos humanos y contra esos acontecimientos de las décadas pasadas, no sólo guarden silencio, sino peor aún contraten sus servicios. No se comprende como activistas sociales y dirigentes políticos que con razón reclaman que se investiguen las masacres de Yumare y de Cantaura, guarden silencio frente a la masacre de El Amparo. La lucha contra la impunidad difícilmente puede triunfar en un ambiente de complicidad. Debemos exigir que se investigue a todos quienes de manera directa e indirecta tuvieron responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos.  Tiene el Estado venezolano por obligación constitucional y mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de adelantar las investigaciones, determinar responsabilidades e imponer las sanciones respectivas. No importa el tiempo que haya pasado, los responsables deben ser enjuiciados.


La Masacre del Amparo: Justicia militar e impunidad

Una característica común de las masacres que se produjeron en la década de los años 80 (Cantaura, Yumare, Isla de Charo, Las Gaviotas, Totumitos, El Vallado y El Amparo) fue la investigación y proceso de los culpables en la justicia militar. El resultado, a su vez, fue el mismo: la declaración de inocencia de los imputados porque, supuestamente, se enfrentaron a grupos subversivos. Hoy gozan de la libertad y algunos ocupan altos cargos escudándose en el argumento de que los tribunales determinaron que actuaron en legítima defensa.

En el caso de la masacre de El Amparo la actuación mayoritaria de los integrantes de los tribunales, consejos de guerra y cortes marciales que conocieron el caso, se orientó al claro propósito de producir impunidad. Salvo contadas excepciones, que las hubo, los fiscales militares y jueces cometieron un sin número de irregularidades con la finalidad de favorecer a los masacradores. Destaca la actuación del para entonces mayor asimilado del Ejército, Ricardo José Pérez Gutiérrez, juez instructor en primera instancia. La parcialidad del Juez afectó el resto del proceso en todos los siguientes niveles. Dio valor a pruebas ilegales presentadas por los victimarios, negó pruebas que demostraban que hubo una masacre, descartó testigos claves, pretendió intimidar a los dos sobrevivientes y cometió otras irregularidades.

Este Juez mantuvo una permanente coordinación con uno de los autores intelectuales de la masacre, el general Humberto Camejo Arias, quien le daba instrucciones sobre como obstaculizar la actuación de los abogados que acusaron a los funcionarios militares y policiales.


Fiscales, jueces,  autores intelectuales de la masacre  y los abogados que defendieron a los militares y policías entretejieron una red de complicidad, maniobras e irregularidades para garantizar que en cada escala del proceso se crearan condiciones que permitieran dictar un fallo declarando no culpables a los responsables.


Así, el 29 de abril de 1992 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristobal dictó sentencia declarando que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano; que se produjo un enfrentamiento y que los militares y policías actuaron defendiendo la soberanía del país. Dicha sentencia fue confirmada e 12 de junio de  1994 por una Corte Marcial integrada por el coronel  Marcos Porras Andrade, el Coronel Ramón Francisco Guzmán Díaz y el abogado Servio Tulio Bastidas Balza. Contra dicha sentencia los abogados de las víctimas interpusieron recurso de casación y en 1998 una nueva Corte Marcial dictó la sentencia definitiva de impunidad, la cual ha prevalecido hasta la fecha.


La verdad de los hechos quedó oculta y en su lugar se armó una versión que hizo aparecer a los asesinos como héroes de la patria.

La Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en reiterada jurisprudencia, ha expresado que este tipo sentencias emanadas de órganos de administración de justicia que actúan de manera irregular, con el único propósito de producir impunidad, no tienen ningún valor jurídico y su decisión no puede considerarse cosa juzgada. Por lo tanto, la acción fraudulenta de la justicia militar venezolana no tiene valor y la declaratoria de no culpabilidad de los autores materiales no tiene fuerza jurídica como para impedir la reapertura de las investigaciones y proceso para determinar responsabilidades y establecer las penas a que haya lugar.

Una apertura de las investigaciones en la jurisdicción ordinaria debe además indagar sobre las irregularidades cometidas por fiscales y jueces, particularmente el Juez Ricardo José Pérez Gutiérrez. A pesar de su conocida actuación alejada de la ética profesional, este abogado, hasta hace pocos años, ocupaba el cargo de asesor en el Ministerio de la Defensa.

El tiempo pasa, pero la búsqueda de la justicia continúa y todos quienes actuaron como autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores deben ser sancionados.


La búsqueda de Justicia en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos (IV)

El caso de la masacre de El Amparo tuvo que ser presentado en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, ante la evidente actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar. Todo indicaba que había un claro propósito de producir impunidad. Frente a esa realidad quienes apoyaban a los familiares de las  víctimas y a los dos sobrevivientes decidieron en 1990 acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Dos peticiones fueron presentadas y acumuladas por la Comisión. Una presentada por quien para entonces era diputado independiente por el Movimiento Al Socialismo  Walter Márquez (abajo en la foto) y otra presentada por las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) con el acompañamiento de las organizaciones Americas Watch  y Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La Comisión Interamericana
el 10 de agosto de 1990 abrió el caso asignándole el número 10.602. Durante tres años y dos meses el caso fue procesado en la Comisión Interamericana destacándose en todo ese lapso una conducta por parte del Estado venezolano orientada a obstaculizar la posibilidad de obtener justicia. El 12 de octubre de 1993, es decir, casi al cumplirse cinco años de la masacre la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos público un Informe en el cual se recomendaba al gobierno de Venezuela  presidido por Ramón J Velásquez que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores y a su vez se indemnizara a las víctimas.

Ante la negativa del gobierno de Ramón J Velásquez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de los representantes de las víctimas presentó el 14 de enero de 1994 el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  El 01 de agosto de 1994, el Estado de Venezuela procedió a contestar la demanda. Sin embargo, el 11 de enero de 1995, un mes antes de que el gobierno de Caldera cumpliera un año de gestión y a través del para entonces agente del Estado ante la Corte Interamericana  Asdrubal Aguiar el gobierno venezolano reconoció la responsabilidad internacional por los hechos y asumió el compromiso de indemnizar a las víctimas. Es decir admitió que había ocurrido una masacre, que dicha masacre fue cometida por funcionarios del Estado venezolano y que como consecuencia se había causado un daño a los familiares y sobrevivientes que debía reparar. 


Con fundamento en dicho reconocimiento la Corte Interamericana dictó sentencia el 18 de enero de 1995. Fue la primera sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela. Una nueva sentencia sobre el mismo caso fue dictada por la Corte el 19 de septiembre de 1996, pero esta vez sobre las reparaciones que debería cumplir el Estado venezolano.  Del contenido de las dos sentencias el Estado de Venezuela quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables de la masacre e indemnizar a las víctimas. Durante la gestión del gobierno del Presidente Caldera se pagó la casi totalidad de la indemnización. El Estado por un mal cálculo de los pagos quedó debiendo aproximadamente  el 05% de esa indemnización que fue finalmente cancelada en diciembre de 2005 bajo la gestión del Presidente Chávez.  Durante la gestión del Presidente Caldera se consumó la impunidad al declarar la justicia militar no culpables a los autores materiales y nunca investigar a los autores intelectuales. En la gestión del gobierno del presidente Chávez nada se ha realizado para lograr justicia. En reiteradas oportunidades la Corte Interamericana le ha exigido al gobierno venezolano que debe castigar a los culpables. La impunidad continúa a pesar de las reiteradas declaraciones de diversos voceros del gobierno repudiando la masacre. Los familiares aspiran que se pase de las palabras a los hechos.


Algunos protagonistas fundamentales en la lucha contra la impunidad

El 29 de octubre se cumplieron 20 años de la masacre de El Amparo. Han sido dos décadas de lucha contra la impunidad. Rendimos en este breve texto reconocimiento a todas aquellas personas que han dado un valioso aporte a la lucha por la condena de los culpables. Estamos obligados a encabezar nuestro reconocimiento con los dos sobrevivientes: Wollmer Pinilla y José Augusto Arias. Nunca se intimidaron. Su coraje no solo los convirtió en los testigos principales, sino en permanente aliento al resto de familiares para mantener en alto la exigencia de justicia. Amenazas de muerte, el exilio, la cárcel, no fueron suficiente para callar su voz y reafirmar en cada espacio donde tuvieron oportunidad de expresarse que quienes fueron asesinados no eran guerrilleros, que nunca hubo enfrentamiento y que se produjo una masacre. El Sargento de la policía Adam José Tovar Araque  ya fallecido quien mantuvo una firme actitud de proteger a los dos sobrevivientes cuando efectivos de la Disip pretendieron sacarlos de la Comisaria donde se refugiaron y su conducta de expresar en los tribunales la verdad a pesar de las amenazas y presiones recibidas por altos jerarcas de las Fuerzas Armadas y de la DISIP. Lucy Quintero, del Comité de Derechos Humanos de Gusdualito.

Los diputados Walter Márquez (MAS), Raúl Esté (PCV) y Ángel Zambrano, presidente de la Comisión (AD) quienes formaron parte de la Comisión del Congreso que investigó los hechos. De manera decidida realizaron grandes esfuerzos para investigar la verdad de lo ocurrido informando al parlamento y al país que los hechos no podían catalogarse de otra forma que no fuera el calificativo de masacre. Contribuyeron con su informe a fortalecer la denuncia de los familiares y debilitar la versión que amaño el gobierno quien se esforzó por presentar a las víctimas como integrantes de la subversión colombiana. Los abogados Fabián Chacón, Getulio Romero, Fernando Márquez, Jesús Vivas Terán y Pedro Nikken abogados de los sobrevivientes y familiares de las víctimas quienes pusieron sus conocimientos profesionales al servicio de la causa justa de enfrentar la impunidad y denunciaron con valentía y seriedad las irregularidades que se presentaban en la justicia militar.

Al Colegio Nacional de Periodistas por su actitud solidaria para con los familiares y sobrevivientes. A los periodistas Gustavo Azocar, Fabricio Ojeda (El Nacional), e Indalecio Chacón Araque (El Universal) por su perseverancia para indagar y difundir una versión distinta a la oficial que pretendió justificar el asesinato de los 14 pescadores. La audacia y profesionalismo con la que abordaron la investigación y difusión de las informaciones contribuyeron a aminorar la intensa ofensiva de los medios de comunicación del Estado quienes se esforzaron por presentar los hechos como un acto legítimo de defensa de la soberanía nacional y de defensa de la democracia. A los integrantes del Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal Coronel (EJ)Angel Edecio Zambrano Chaparro, Jesús Alberto Southerland y Teniente Coronel Jorge Luis Salcedo quienes por unanimidad y resistiendo a las múltiples presiones que se ejercieron contra el Consejo el 30.12.88 sentenciaron ordenando la detención de todos los autores materiales de la masacre.


Al padre Matías Camuñas por su solidaridad con las víctimas y su labor social para difundir la verdad de lo acontecido. Al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) pos su asesoría y acompañamiento a las organizaciones de derechos humanos, familiares y sobrevivientes en el largo y duro proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acompañamiento que aún se mantiene en el esfuerzo porque el Estado venezolano cumpla con la sentencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al Equipo de trabajo de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz liderizados por Juan Navarrete, Alfredo Ruiz y  Soraya El Achkar, al Equipo de Trabajo del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) encabezados por Ligia Bolívar, Raúl Cubas, Ricardo Dorado y Antonio González organizaciones que asumieron la representación de las víctimas para exigir justicia en los tribunales venezolanos y ante el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Igual reconocimiento a la Comisión de Justicia y Paz de Secorve.

Muchos nombres y muchas organizaciones que integraron el Comité contra el Olvido y la impunidad no quedan reflejadas en este texto pero a ellos también va nuestro reconocimiento. En la denuncia contra la impunidad también jugaron un papel importante líderes estudiantiles universitarios de la época quienes encabezaron las intensas protestas realizadas en todo el país exigiendo sanción para los culpables. A todos y todas quienes desde sus lugares de trabajo, estudio o residencia levantaron su voz y reclamaron justicia extendemos este reconocimiento. Los convocamos a seguir manteniendo en alto la exigencia de que los culpables deben ser condenados. Y finalmente, nuestro respeto, solidaridad y reconocimiento a los familiares de las víctimas quienes tras 20 años del asesinato de sus familiares mantienen viva su esperanza de que se haga justicia y se niegan a permitir que finalmente se imponga la impunidad.


Acciones y medidas para garantizar la condena de los culpables

Loa autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores continúan sin ser sancionados. El Estado venezolano, tanto en el pasado como en el presente, ha garantizado la impunidad. Son veinte años de ausencia de voluntad política para investigar con transparencia los hechos, establecer responsabilidades y determinar sanciones.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó investigar y condenar a los culpables continúa sin ejecutarse.


Desde Provea, con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), hemos mantenido un reclamo constante al gobierno venezolano para que de cumplimiento al mandato de la Corte. Esta instancia, por su parte, en reiteradas comunicaciones ha exigido al gobierno que debe remover todos los obstáculos existentes que impiden determinar responsabilidades.

Los cuestionamientos públicos del gobierno a la masacre no se traducen en medidas concretas orientadas a terminar con la impunidad. Ni siquiera, como ocurrió en otros casos (Yumare y Cantaura), ha desclasificado parcialmente los documentos que contienen información relevante sobre los hechos. Por otra parte, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo nada han realizado para que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana.

El pasado 20 de agosto de 2008 los dos sobrevivientes Wollmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias, asistidos por las organizaciones Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) introdujimos un escrito ante la Fiscalía General solicitando la reapertura del caso en la jurisdicción ordinaria. Si la Fiscalía muestra voluntad política para no continuar con la impunidad en este caso, debería adoptar medidas inmediatas orientadas a acumular pruebas y convocar a declarar a todos los involucrados y a quienes pudiesen aportar información.


La recién creada Comisión Parlamentaria para investigar los crímenes ocurridos en la década de los 60, 70 y 80, debería incluir entre sus prioridades la investigación de la masacre de El Amparo y colaborar con el Ministerio Público para recoger la mayor cantidad de información y evidencias.


El Ejecutivo Nacional debería apartarse de la retórica y adoptar medidas concretas que faciliten conocer la verdad de los hechos. El Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa deberían desclasificar los archivos que sobre el caso haya en el Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalísticas, en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).


Estos archivos deben abrirse, con las medidas pertinentes para su preservación,  porque con seguridad contienen importantes pruebas para que la fiscalía realice las imputaciones que sean necesarias.


Si no hay colaboración de los poderes públicos es difícil avanzar en la lucha contra la impunidad. La investigación de esta masacre y de otras que se produjeron en décadas pasadas tampoco puede realizarse si no se actúa con amplitud, teniendo como norte dar cabida a todos los que quieran aportar información, independientemente de las posiciones políticas que hoy mantengan. Es indispensable que lo que se realice no sea secuestrado por las pasiones de la polarización política, sino por un ánimo real de hacer justicia y de enfrentar la impunidad. La investigación debe orientarse a establecer la responsabilidad de todos los involucrados, de  todos quienes participaron y actuaron cómo cómplices o toleraron que los hechos se produjeran.


A pesar de los años transcurridos todavía se puede hacer justicia. Todavía es posible lograr que los culpables sean sancionados. Si todos y todas quienes aspiramos no quede impune esta masacre, y otras como la de Yumare y Cantaura unimos iniciativas y esfuerzos, podremos hacer sentir nuestra voz con mayor intensidad. La impunidad puede y debe ser derrotada.


Desde Provea continuaremos aportando a la lucha contra la impunidad. El pasado mes de agosto solicitamos a la Corte Interamericana una audiencia de cumplimiento de sentencia. Estamos esperando respuesta de la Corte Interamericana. Seguiremos actuando en las instancias nacionales e internacionales. Seguiremos denunciando públicamente a los autores materiales. Seguiremos exigiendo a los poderes públicos que actúen.  Expresamos nuestra disposición de colaborar y apoyar toda iniciativa que surja desde el Estado con el propósito de combatir la impunidad. Hemos acompañado durante veinte años a las víctimas y las seguiremos acompañando en su reclamo de justicia.


Documental
Masacre de El Amparo: 20 años de impunidad

Documental de Rodolfo A. Rico en Vimeo



Es un documental sobre la masacre ocurrida en el Caño de La Colorada,
Estado Apure, Venezuela el 29 de octubre de 1988.


En el documental hay entrevistas a los únicos dos sobrevivientes, a familiares de
los fallecidos, y a activistas de derechos humanos que apoyaron a las víctimas.

También se muestran imágenes en las que los responsables
directos o indirectos de la masacre tratan de justificar su acción.

 

 

(*) PROVEA - Parroquia Altagracia, Boulevard Panteón, Esquinas Puente Trinidad a Tienda Honda, Edificio Centro Plaza Las Mercedes, PB, Local 6 - "PROVEA" - www.derechos.org.ve

 

 

 

 


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