Los colectivos armados se convirtieron en órganos de “control social”. Estos grupos coordinan acciones con fuerzas de seguridad y con el PSUV, que tiene una comisión encargada de Seguridad y Defensa Integral
Franz Von Bergen / El Nacional
Era la madrugada del sábado 12 de octubre de 2013 y una fiesta callejera se realizaba en la redoma de Los Mangos, en Lídice (parroquia La Pastora). La alegría de los presentes, la ingesta de bebidas y la música a alto volumen fueron cortadas de manera abrupta. 30 personas, entre miembros de la Guardia del Pueblo y del Colectivo Lídice, llegaron en motos y acabaron el encuentro.
“Los participantes en la reunión fueron sometidos con armas de fuego y obligados a acostarse sobre el pavimento. Luego fueron registrados para determinar si poseían algún arma de fuego. Algunos de ellos fueron despojados parcialmente de su vestimenta. Una fuente que pidió anonimato calificó el procedimiento como vejatorio, tomando en cuenta, además, que en su ejecución participaron personas que no forman parte de cuerpos de seguridad”, relata una nota publicada por El Nacional el 15 de octubre.
La situación ya no es extraña en las zonas populares y la existencia de colectivos violentos como instrumento de control social se ha extendido desde la parroquia 23 de Enero a otros sectores de Caracas. Aunque la diversidad de funciones y estructura impide categorizarlos, investigaciones hechas con anterioridad sobre el tema señalan que existen al menos 5 instancias que agrupan a estos grupos: Frente Popular Revolucionario (34 colectivos), Consejo Popular Revolucionario (28), Bloque Popular Revolucionario (17), Sergio Rodríguez (70) y el Secretariado Revolucionario.
Desde su nacimiento, varias de estas organizaciones han sido relacionadas con dirigentes políticos como Freddy Bernal, ex alcalde de Caracas, y Juan Barreto, ex alcalde mayor y ahora líder del partido Redes. Otras tienen un carácter más desordenado y responden a pagos por sus acciones, dicen fuentes consultadas.
El Gran Polo Patriótico, creado en 2011 e integrado por 28 Consejos Patrióticos Sectoriales, cuenta con 10.810 colectivos y movimientos sociales compuestos por 35.543 personas. La finalidad y naturaleza de estos grupos es motivo de debate. Mientras el gobierno y sus seguidores aseguran que tienen exclusivamente fines culturales, ideológicos y pacíficos, hay denuncias y evidencias gráficas de peso que relacionan a algunos de ellos con labores de control político parapolicial y con su participación en la represión violenta de protestas pacíficas que se han generado desde el pasado 12 de febrero y que han causado 33 muertos y 1.736 detenidos.
El 5 de marzo, el presidente Nicolás Maduro pidió públicamente que estos movimientos participaran en el control de manifestaciones. “Yo le hice un llamado a las UBCH, a los consejos comunales, a las comunas, a los colectivos: candelita que se prenda, candelita que se apaga”, dijo al conmemorar el primer aniversario de la muerte de Chávez. Días después buscó cambiar el sentido de sus palabras asegurando que se refería a apagar las candelitas “con paz”. En otra declaración le dio un espaldarazo a su modo de actuar: “Y los colectivos se han portado de manera impecable”.
En el último año, después de la muerte de Chávez, el fenómeno se ha agudizado en Catia, asegura Héctor Vizcaya, vecino de la parroquia Sucre. Saverio Vivas, dirigente vecinal de la parroquia Sucre y miembro de Primero Justicia, afirma que bandas armadas civiles trabajan junto con funcionarios de fuerzas de seguridad “desde el mismo momento de su creación”. Explica que el respaldo se materializa debido a la “dualidad” de algunas personas. “Así como son funcionarios de la policía, también son miembros de colectivos”, comenta.
Desde su aparición, en Catia cobran “colaboraciones” a los comerciantes a cambio de cuidarlos de la delincuencia. La semana pasada, por ejemplo, robaron el local Prolicor en la calle Colombia luego de que sus dueños se negaron a pagar la vacuna. “No se sabe si fueron los colectivos o la delincuencia común”, advierte Vizcaya. “Su presencia se incrementó cuando empezaron a bajar las fricciones entre chavistas y opositores, y ellos se encargan ahora de intimidar a la gente”, denuncia.
Desde 2011 han empezado a aparecer denuncias como la de la fiesta de Lídice, según las cuales funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se involucran en procedimientos llevados a cabo por colectivos armados. Las fechas coinciden con la creación, en noviembre de ese año, de la Guardia del Pueblo, comando adscrito en su momento al Dispositivo Bicentenario de Seguridad, Dibise; y compuesto por funcionarios de la GNB.
Una nota de AVN escrita ese año detalla que entre las funciones del nuevo comando está establecer una interrelación directa entre los efectivos y los representantes de los consejos comunales, organizaciones y misiones sociales.
Defensa desde el PSUV
El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una comisión encargada de trabajar el tema de “Seguridad y Defensa Integral” en todo el país. Su función principal es coordinar acciones con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y movimientos sociales de diversa índole, con el fin de preservar la defensa y seguridad de las comunidades. Aunque en la web del partido se menciona al ex presidente de Sidor, Rafael Gil Barrios, como su coordinador, diversas fuentes ligadas a la organización comentan que la verdadera cabeza ha sido siempre Freddy Bernal, diputado, ex alcalde de Caracas, coordinador de Movimientos Sociales de la tolda y líder de una comisión encargada de la “seguridad ciudadana”.
“La coordinación también hace énfasis en la seguridad preventiva, tratando, por ejemplo, temas como el de alimentación y vivienda. Es una coordinación más dentro del partido. Hasta ahora no se sentía mucho su relevancia debido a que todo políticamente marchaba normal, pero con el llamado a las guarimbas toma mayor importancia. Como es una estructura que existe desde los inicios del partido, es fácil convocarla”, precisó una fuente del PSUV que declaró en condición de anonimato. “A veces los colectivos aceptan las líneas. Otras veces debaten”, relata una fuente. Entre los colectivos con potencial armado que participan en estas reuniones están La Piedrita y el Secretariado. Según la fuente, estos son los grupos más apegados a la “línea revolucionaria” y existen otros que son más anárquicos.
Como las otras 7 comisiones de la tolda, la de Seguridad y Defensa tiene responsables regionales, municipales y parroquiales, que tratan los temas de seguridad en sus respectivos niveles. Todas estas instancias hacen reuniones semanales con sus miembros permanentes, que son en ocasiones jefes de consejos comunales. Por ejemplo, en El Valle la comisión esta integrada por unos 25 militantes. Dependiendo de los temas a tratar, a los encuentros pueden ser invitados funcionarios policiales o militares que dirigen comandos en una determinada zona y colectivos. También pueden participar miembros de ministerios para abordar materias específicas.
En el Twitter de Freddy Bernal (@FreddyBernal) han sido publicadas fotos de reuniones de esta comisión en varias partes del país. En algunas participan altos funcionarios de la FANB. En una, realizada el 23 de marzo de 2013 en Yaracuy, estuvo presente el general Carlos Perozo, de la Milicia Nacional. Ante la coyuntura de protestas luego del 12F, fuentes del partido coinciden en que se han desarrollado distintas reuniones de emergencia.
Una de ellas fue el 13 de febrero en el comando de Bernal, en el piso 1 del Centro Parque Carabobo, un espacio con varias oficinas y una amplia sala de reuniones desde el cual trabaja el parlamentario casi todos los días. Asistieron altos mandos militares, entre ellos el general Gerardo Izquierdo, jefe de la Región de Defensa Integral Central (que tiene jurisdicción sobre Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo y Vargas), miembros de movimientos sociales, todos los jefes parroquiales de seguridad y defensa e integrantes de las Redes de Movilización Inmediata, REMI, un sistema de inteligencia y respuesta social integrado por militantes oficialistas creado para las elecciones del 7 de octubre de 2012.
En ese encuentro se delinearon las medidas que se tomarían para proteger el municipio Libertador ante la ola de protestas. También se discutieron importantes fallas en la seguridad que se registraron la tarde del 12 de febrero y que permitieron que la marcha opositora llegara hasta la Fiscalía sin limitaciones, mientras Nicolás Maduro y el alto gobierno estaban en La Victoria celebrando el Día de la Juventud. En encuentros posteriores se dio la orden a los movimientos sociales de apagar cualquier foco de protesta que se registrara en esa jurisdicción. Fueron solicitadas entrevistas con Bernal e Izquierdo pero no respondieron para este reportaje. El exalcalde ofreció hablar esta semana.
Hombres de seguridad
Fuentes relacionadas al PSUV y a Bernal coinciden en que su experiencia policial es clave para la coordinación de Seguridad y Defensa. El diputado llegó a ser jefe de la Policía Metropolitana y coordinó el Grupo Ceta (Comando Especial Táctico de Apoyo), dedicado a operaciones especiales de ese cuerpo policial y desde el cual apoyó el intento de golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992.
En 2002, Bernal fue relacionado con la coordinación de los Círculos Bolivarianos, figura de organización social creada por Chávez que terminó funcionando de manera similar a la que los colectivos hacen hoy. En las interpelaciones sobre los sucesos del 11 de abril, el general Manuel Rosendo acusó al hoy diputado y a José Vicente Rangel, para entonces ministro de Defensa, de haber dirigido acciones de esos grupos contra la marcha opositora.
Rosendo se basó en una llamada de Rangel a Bernal que fue escuchada por su asistente, el capitán Michael O’Brien. En la conversación, el ministro pedía al entonces alcalde que activara a los grupos oficialistas y se armaran “con piedras, palos y cuchillos” ante la movilización opositora. “Eso los caga”, habría dicho Rangel, según el testimonio. En su interpelación, Rangel calificó de “chimba” la versión del general Rosendo y aseguró que “no es un crimen” convocar a los círculos.
Otro nombre relacionado a los círculos bolivarianos en sus inicios es el actual ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres. Varias fuentes lo señalan como el primer coordinador nacional del movimiento en los tiempos en que se desempeñó como director general de la Vicepresidencia, cuando era hombre de confianza de Diosdado Cabello, que en 2002 fue vicepresidente por unos meses y hoy es presidente de la Asamblea Nacional. Ambos desempeñaron la posición de “jefe nacional del movimiento”. Antes de ser ministro del Interior, Rodríguez Torres se encargó de la Dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, desde noviembre de 2012. Así como Rodríguez Torres, Bernal también es un dirigente cercano a Diosdado Cabello.
¿El espejo de los Círculos?
Distintos dirigentes políticos ven en los colectivos sociales a los herederos de los Círculos Bolivarianos, los cuales coparon la agenda informativa al ser vinculados con hechos violentos durante los primeros años del chavismo. “Así como había unos círculos armados y otros pacíficos, hoy también hay colectivos sociales y otros violentos”, advierte Saverio Vivas, dirigente vecinal de Catia.
En un trabajo publicado en 2004, la socióloga Nelly Arenas sostiene que los círculos tenían un “triple carácter organizador, ideológico y canalizador de demandas”. Argumenta su concepto basándose en documentos entregados desde Miraflores en esa época y en los cuales se orientaba a los interesados en formar parte de esos grupos. Distintas fuentes aseguran que los Círculos Bolivarianos contaban con una oficina en Miraflores, desde la cual se divulgaba material de trabajo. Eran llamados a responder demandas sociales en sus comunidades y tenían una misión ideológica: difundir el mensaje chavista basado en el árbol de las tres raíces: Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora.
Su definición llegó a generar contradicciones en el mismo seno del Gobierno. “Son grupos de base organizados para mejorar la calidad de vida de las comunidades donde actúan”, aseguraban funcionarios. Sin embargo, al mismo tiempo, Luis Alfonzo Dávila, canciller para ese momento, los calificó como “organizaciones políticas”, lo que convertiría en ilegal el financiamiento público que recibían.
Rubén Mendoza, actual coordinador nacional de los Círculos bolivarianos, asegura que el apoyo del Estado a estas organizaciones desapareció en 2005, lo que hizo que su poder fuera disminuyendo poco a poco, hasta perder relevancia. “Algunos sectores del oficialismo juzgaron prudente reducir su importancia ante la satanización muy fuerte que hubo. Hoy seguimos solo con la fuerza y el financiamiento propio”, comenta Mendoza. Para él, en lugar de los colectivos, los consejos comunales de hoy cumplen una función más cercana a la que tuvieron los círculos en su momento, los cuales llegaron a recibir un financiamiento de hasta 140 millardos de bolívares provenientes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización.
